En pleno debate sobre el modelo de gestión de la sanidad pública y con los tribunales anulando los concursos de externalización de este derecho, la
Fiscalía Anticorrupción de Valencia investiga a una empresa clave en la privatización de las resonancias magnéticas en la Comunidad Valenciana. Un concierto que la Generalitat, gobernada por
Eduardo Zaplana, extendió hace 15 años, con la oposición de la asociación profesional de radiólogos.
Un informe de la Sindicatura de Cuentas ya alertaba el pasado año del excesivo gasto del polémico concierto y de que las resonancias serían más baratas si las realizara de forma directa el sistema valenciano de salud.
Lo que ahora planea es la sospecha de que Eresa, la firma que lidera Erescanner Salud —la unión temporal de empresas adjudicataria del último concurso de resonancias de la Generalitat en 2008 por un importe de 497 millones de euros y un periodo de 10 años—, ha duplicado las pruebas radiodiagnósticas y factura de forma fraudulenta a la Administración Pública por trabajos no ejecutados. Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, societarios, falsedad documental, estafa, apropiación indebida y contra la Administración Pública.
Hace diez meses, la Fiscalía abrió diligencias por una denuncia contra Eresa por su presunta facturación a la Consejería de Sanidad por pruebas diagnósticas no realizadas realmente. Las diligencias han sido prorrogadas por la Fiscalía General del Estado a la espera de documentación solicitada a distintas instituciones sobre las posibles facturas falsas, lo que puede tardar aún varios meses. Mientras tanto, una de las empresas investigadas vinculada con Eresa ha cesado en su actividad.
El grupo de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Valencia se ha centrado en averiguar si hay una trama de facturas falsas en la contrata y subcontratas de Eresa, que también fue uno de los adjudicatarios del anterior concurso del 2000. Con los conciertos, las pruebas radiodiagnósticas se han multiplicado, como alertaron los radiólogos públicos.
La UTE Erescanner Salud está formada por las empresas Eresa (49%), Inscanner (20%), Ribera Salud (14,50%) y Beanaca (8,50%). La investigada es Exploraciones Radiológicas Especiales SA (Eresa), con más de 30 años de experiencia, cuyo presidente y consejero delegado es Vicente Saus Mas, mediante el accionariado de la empresa familiar Iberdiagnosis SL (que comparte con su esposa y sus hijas).
Ambas empresas, Eresa e Iberdiagnosis (familia Saus) se autocontrataban al menos desde 2007, según la autorización de la Junta General Ordinaria de aprobación de cuentas del 19 de mayo de 2008, donde consta la ratificación y prórroga del “contrato de prestación de servicios suscrito”.
Un cambio de la normativa fiscal de 2007 gravaba especialmente las “operaciones vinculadas” entre empresas con accionariado coincidente o con familiares en el consejo de administración. Y para evitar que Eresa facturara directamente a Iberdiagnosis, se interpuso una tercera empresa, Sun Chiz SL, con domicilio fiscal en Alcalá de Henares (Madrid) pero con domicilio físico en Valencia, según se ha denunciado. Esta sociedad, interpuesta entre ambas y de carácter meramente instrumental, está a nombre de un administrador cuya experiencia empresarial es la difusión de folletos publicitarios y en cuyos órganos de gestión ha figurado un familiar de Vicente Saus. Desde febrero de este año, Sun Chiz SL está en liquidación y figura en el Registro como “extinguida”.
Ambas empresas coinciden en una alta facturación y en la escasez de personal. Según datos del Registro Mercantil que constan en la Fiscalía, Iberdiagnosis SL facturó 42 millones de euros entre 2007 y 2011, siendo el beneficio neto de 27,4 millones. De esta cantidad, 42,3 millones provenían de Sun Chiz SL, cuya cifra de “aprovisionamientos” o consumos de explotación en el mismo periodo fue de 42 millones de euros y un beneficio de 0,7 millones.
El modus operandi, que podría suponer un fraude para las arcas públicas, consiste en que Sun Chiz factura a Eresa por un servicio que luego subcontrata con Iberdiagnosis. Este servicio consiste en los “estudios de doble ciego”, una prueba diagnóstica no sujeta a IVA. Es decir, por cada resonancia magnética de Eresa, estas empresas emiten un segundo informe que serviría como control de calidad, ya que el radiólogo que la realiza desconoce el diagnóstico de la primera prueba realizada realmente por Eresa.
La Fiscalía investiga si estas segundas pruebas se han realizado en realidad ya que, tanto en el caso de Iberdiagnosis como en el de Sun Chiz, ambas empresas sólo cuentan con un profesional empleado para realizar los diagnósticos y un directivo. Debería haber un importante equipo de radiólogos firmando estudios de doble ciego, dado el alto volumen de facturación.
Según las cuentas anuales de Eresa, de 2007 a 2010, se han facturado 756.000 euros anualmente por cada médico. Mientras que el promedio en Iberdiagnosis es de 8,7 millones de euros con un directivo, un profesional y un auxiliar. Sólo en 2011, esta segunda empresa obtuvo unos ingresos de explotación de 7,5 millones de euros y un beneficio de 7,2 millones, es decir, un 95,5%.
Con esta operativa, Iberdiagnosis factura unas cantidades que en realidad pertenecerían a Eresa, siempre según la investigación. Ello implicaría que no figuren en las cuentas de Eresa los beneficios reales de su actividad, con un gran margen de beneficio para tratarse de la adjudicación de un servicio público. Estas cantidades suponen importantes beneficios netos que rondan, en el caso de Eresa, el 34% de su facturación ya que habría que sumar los gastos de facturación de Sun Chiz. Con ello se conseguiría, de una parte, ocultar los beneficios reales que genera el servicio médico prestado por Eresa y, de otro, que estos beneficios no se queden en la sociedad instrumental, Sun Chiz, y pasen a Iberdiagnosis, la sociedad familiar de Saus Mas.
La Fiscalía investiga si el personal contratado por Iberdiagnosis y Sun Chiz es suficiente para realizar las miles de pruebas de “doble ciego” que se facturan a Eresa y ésta, a su vez, a la Consejería de Sanidad. Esta comprobación, que implica a la Agencia Tributaria, puede tardar ya que Sun Chiz tiene domicilio fiscal en Madrid y las otras dos firmas en Valencia.
